A pesar de los procesos judiciales en curso y las críticas de la industria aérea más sectores turísticos, la Tasa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia se oficializa luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú y Lima Airport Partners (LAP) firmaran la Adenda 9 al contrato de concesión del aeropuerto de Lima. La firma se realizó en el marco del primer aniversario de operaciones de la nueva terminal.
La firma de la Adenda 9 oficializa la TUUA de transferencia y el cobro de las conexiones internacionales. Los viajeros domésticos no se verán afectados ya que podrán seguir conectando en Lima a cualquier destino en el Perú sin cargo adicional.
“Uno de los principales beneficios de la adenda es la eliminación del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia para pasajeros que realizan conexiones domésticas en el aeropuerto Jorge Chávez”, dijo el ministro del MTC, Aldo Prieto.
Se legitima el cobro
Lamentablemente, para los pasajeros internacionales el cobro de las conexiones se mantendrá. Los usuarios seguirán pagando una elevada tarifa por infraestructura que ya ocupan los mismos pasajeros que embarcan o llegan al aeropuerto de la capital peruana.
A la fecha, LAP no ofrece ningún beneficio adicional al usuario que represente el pago de una tasa de conexión. La práctica fuertemente criticada por la industria, reafirma la idea de que la experiencia en el aeropuerto de Lima está basada en una lógica del consumo, más allá de cualquier experiencia.
A nivel de la industria aeroportuaria, resulta cuestionamiento que otros aeropuertos ofrecen iguales o superiores instalaciones incluso sin cobrar las conexiones. En aquellos terminales que se cobran las conexiones, la infraestructura y los servicios son significativamente superiores a los de la capital peruana.
Desde el MTC, señalaron que Adenda 9 no compromete las inversiones destinadas a los aeropuertos regionales ni las obligaciones financieras del Estado. Asimismo, incorpora mecanismos de transparencia y control que contemplan la supervisión y auditoría del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), entidad que verificará la cantidad de pasajeros beneficiados y los montos compensados al concesionario.
Nuevas disposiciones
Además, incorpora disposiciones relevantes como la inclusión de inversiones de terceros calificados en la concesión. Se trata de un mecanismo que permitirá a la sociedad concesionaria suscribir contratos con plazos que trasciendan la vigencia de la concesión y facilitará el desarrollo de infraestructura comercial, hotelera y logística en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.
También contempla la reversión de áreas que serán empleadas para la ejecución de las obras del Ramal 4 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Desde la cartera, aseguran que el proyecto fortalecerá la conectividad entre el aeropuerto y la ciudad, beneficiando a millones de usuarios.
Finalmente, incorpora una cláusula anticorrupción que reafirma el compromiso del Estado peruano con la transparencia, la integridad y la aplicación de sanciones efectivas. Esto, frente a cualquier acto irregular que pudiera comprometer la correcta ejecución del contrato de concesión.

Una firma cuestionada
Desde la industria aérea, la firma de la Adenda 9 pone en riesgo la conectividad del Perú. Como ejemplo, ya están las ocho rutas cancelas y las que no se abrirán. Además, hay que considerar que LATAM está evaluando futuras inversiones (como basar los Airbus A321XLR) en otro aeropuerto de la región, SKY está “en alerta” y JetSMART busca potenciar a Medellín (MDE) como punto de conexión.
Según las aerolíneas con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la nueva tarifa podría generar pérdidas cercanas a los US$33 millones para el turismo receptivo peruano durante 2026. Además, sostienen que el aeropuerto de Lima continúa rezagado frente a otros hubs de América Latina como Ciudad de Panamá y Sao Paulo (GRU).
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), entre otras entidades, cuestionan que la Adenda 9 haya sido elaborada en plazos inferiores a los habituales. Además, advierten que actualmente existen tres procesos judiciales activos relacionados con el tema: una acción contencioso-administrativa y dos demandas de amparo.
Los gremios señalaron además que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó recientemente un dictamen que declara de interés nacional la negociación de una nueva Adenda que revise tanto la TUUA de transferencia doméstica como la internacional.
La firma se da también un día después de la llegada de María Elizabeth Reyes Roque nueva directora de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. La abogada está especializada en concesiones, APP e inversión privada, y antes se desempeñaba como jefa de asesoría jurídica de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). A ella, se le encarga aprobar un informe clave para visar la Adenda 9 y la TUUA de transferencia.
Una opción que resta
Hasta el momento, la TUUA de transferencia está validada con la Adenda 9. La alternativa para los usuarios es que la Corte suspenda el cobro mientras se dicta sentencia. Mientras tanto, los pasajeros seguirán pagando una alta suma por conectar en el Perú.
Desde diciembre 2025, los pasajeros que conectan en el aeropuerto Jorge Chávez deben pagar por tramo US$11,86. Para un viaje de ida y vuelta de cuatro personas alcanza a US$94,88 lo que equivale a un boleto sencillo económico de avión o a una noche de alojamiento en un hotel.
Las aerolíneas han señalado que el Estado debe proveer una solución dentro del marco normativo del contrato con la concesionaria. Mientras tanto afirman entregar antecedentes reflejar el impacto. Sin embargo, esta no debe venir un impacto a los pasajeros ni afectaciones el desarrollo de la conectividad aérea del Perú como de la región.