Un duro cuestionamiento hizo las aerolíneas en el Perú tras la firma de la Adenda 9 del contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez de Lima por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners. A través la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), señalaron que el gobierno en transición suscribió un contrato incompleto sin haber escuchado a las partes.
El principal cuestionamiento está en la Tasa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional que se ratifica con la Adenda 9, pese a los procesos judiciales en curso. Además, alegan que las autoridades recibieron oficios formales en favor de la transparencia, pero que no fueron considerados.
En ese sentido, AETAI señaló que durante las últimas semanas el MTC recibió pronunciamientos y oficios formales de distintos gremios solicitando transparencia sobre los informes técnicos que sustentan la Adenda 9, así como sobre su viabilidad legal y económico-financiera. Sin embargo, dichos aportes no habrían sido incorporados antes de la aprobación del documento.
Las aerolíneas que operan en el Perú señalan que la TUUA de transferencia internacional no resuelve el impacto negativo sobre la competitividad del país como un hub regional. Al respecto, otras organizaciones como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) han calificado el uso del concepto hub como marketing para intentar eclipsar el efecto negativo del cobro de las conexiones.
Según las aerolíneas con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la nueva tarifa podría generar pérdidas cercanas a los US$33 millones para el turismo receptivo peruano durante 2026. Además, sostienen que el aeropuerto de Lima continúa rezagado frente a otros hubs de América Latina como Ciudad de Panamá y Sao Paulo (GRU).
Falta de transparencia
Sin embargo, las acusaciones más graves de las aerolíneas en el Perú están en la falta de transparencia del proceso. Esto, no sólo se refleja en la firma de un contrato que está en la Justicia y sin escuchar ni considerar a todas las partes en un asunto que si las afecta, así como a todo el país, sino que también en observaciones de distinta índole.
El gremio de las aerolíneas recordó que la falta de transparencia en el proceso ha generado cuestionamientos en el Congreso de la República. En mayo se aprobó un dictamen que declaró de interés nacional la negociación de una nueva adenda vinculada a la TUUA de transferencia internacional y nacional. Asimismo, existen procesos judiciales en curso que cuestionan aspectos relacionados con la tarifa y el contrato de concesión original de 2013 (Adenda 6).
AETAI también cuestionó los plazos de la negociación entre el MTC y LAP. Según indicó, el propio viceministro de Transportes reconoció ante el Congreso que una adenda de esta envergadura requiere habitualmente alrededor de dieciocho meses de evaluación. El proceso se habría cerrado en aproximadamente nueve meses, en la etapa final de un gobierno de transición.
Otro hecho curioso aparece en los últimos días. La firma se da también un día después de la llegada de María Elizabeth Reyes Roque nueva directora de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. La abogada está especializada en concesiones, APP e inversión privada, y antes se desempeñaba como jefa de asesoría jurídica de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). A ella, se le encarga aprobar un informe clave para visar la Adenda 9 y la TUUA de transferencia.
Otros cuestionamientos
Respecto al contenido de lo firmado, las aerolíneas en el Perú -a través de AETAI- advirtieron que el Estado dejaría de percibir ingresos por la TUUA de transferencia doméstica y, a la vez, se comprometería a compensar a la concesionaria con recursos públicos. En contraste, la TUUA de transferencia nternacional —fijada en US$11,86 por tramo— se mantendría vigente hasta 2041.
Básicamente, la TUUA de transferencia doméstica no se eliminaría, sino que sería financiada por todos los peruanos a LAP, mediante la Adenda 9. En ese sentido, AETAI señaló que los pasajeros en conexión continuarán pagando dicha tarifa durante los próximos 15 años, sin que ello implique mejoras sustanciales en el servicio ofrecido por el concesionario. Bajo este escenario, las aerolíneas advierten que el principal beneficiado de la Adenda 9 sería LAP.
Todo lo anterior ponen en duda el compromiso del Estado del Perú con las cláusulas anticorrupción que se incorporan en la Adenda 9.
Un llamado a la acción
Para los gremios aéreos y de turismo, la permanencia de este cobro seguirá afectando a los pasajeros que realizan conexiones internacionales en Lima y restará atractivo al aeropuerto Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región. Además, compromete la sostenibilidad económica de diversas rutas aéreas.
A la fecha, ocho rutas internacionales desde y hacia Lima terminaron por el impacto del cobro de las conexiones. AETAI consideró que la brecha competitiva con otros hubs regionales podría ampliarse si no se revisa la tarifa.
La evolución reciente de la demanda ya estaría evidenciando impactos en el mercado. En particular, la caída de 10,8% en la demanda de la ruta Santiago – Lima en abril constituye uno de los ejemplos más claros de este efecto. A esto, se suma el desvío de tráfico hacia otros hubs regionales donde no existe una tarifa equivalente.
AETAI exhortó a las autoridades que asuman funciones en el próximo gobierno a revisar la medida y avanzar hacia dicha corrección. Las aerolíneas del Perú representadas consideran que el problema de fondo aún no ha sido resuelto.
