Con preocupación ve la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la decisión de la Comisión Europea extender parcialmente el sistema de comercio de emisiones (EU ETS) a la aviación internacional. A juicio del organismo, su impacto por el alza de costos que provocaría a las aerolíneas podría afectar los planes de crecimiento y revisar el desarrollo de nuevas rutas.
La Comisión Europea ya eliminó los derechos de emisión gratuitos para las aerolíneas. Desde 2026, deben pagar el 100% de sus emisiones en vuelos dentro de Europa. Ahora la propuesta busca ir más allá: La Comisión Europea busca aplicar costos de carbono a los vuelos internacionales que salgan de Europa Central y aterricen en destinos ubicados a una distancia máxima de 5.000 km.
Frente a esta propuesta, ALTA se une a la posición ya manifestada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Airlines for America (A4A), Airlines for Europe (A4E) y la Organización Árabe de Transportistas Aéreos (AACO) en criticar la medida. Todas coinciden en que representa una duplicación de las acciones en el tema de emisiones y podría desencadenar consecuencias económicas y políticas que podrían afectar a la propia Unión Europea.
“Estamos comprometidos con las metas globales de reducción de emisiones y con el camino hacia el net zero, pero fortaleciendo el marco que ya existe, no duplicándolo”, señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA.
Proteger la conectividad
La adhesión de ALTA a la propuesta de otros organismos internacionales de aviación podría representar una pérdida de oportunidades para la conectividad entre América Latina y Europa. Los países de la Unión Europea están sirviendo de puente para que las aerolíneas conecten la región con Asia y el Medio Oriente.
Con un alza en los costos como propone la extensión EU ETS, algunas aerolíneas podrían revisar sus planes de expansión a través de Europa. Con ello, podrían postergar el inicio de nuevos servicios hacia América Latina y el Caribe o decididamente no abrirlos.
Cabe recordar que algunas aerolíneas están aprovechando el tráfico bilateral Europa – América Latina para complementar su expansión. Tal es el caso de las compañías aéreas chinas que operan vía Madrid o del Medio Oriente como Emirates (a Ciudad de México (MEX), por ejemplo).
ALTA explica que la mayoría de las rutas directas de América Latina y el Caribe hacia Europa quedarían exentas por distancia, pero las conexiones vía hubs europeos sí se verían gravadas. De esta manera, restando competitividad para la región.
“Con la misma determinación, estamos comprometidos con proteger la conectividad y la sustentabilidad de una industria que necesita ser rentable para seguir siendo motor de desarrollo económico y generadora de bienestar para los latinoamericanos y caribeños. Son dos objetivos igual de importantes: el reto no es elegir entre ellos, sino encontrar el equilibrio", señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA.
Puntos que deben revisarse
Según ALTA y otras organizaciones deberían revisarse varios del EU ETS. Sin embargo, concuerdan en que lo ideal es fortalecer los marcos regulatorios ya existentes y no duplicarlos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la extraterritorialidad de la medida, ya que su aplicación alcanzaría el espacio aéreo de terceros Estados soberanos, fuera de la jurisdicción europea. A ello se suma la eventual superposición con Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), el único marco global acordado por los Estados en la OACI para reducir las emisiones de la aviación internacional.
Bajo este escenario, el EU ETS operaría como un esquema regional adicional sobre vuelos que ya están sujetos a un mecanismo internacional. Así se obligaría a las aerolíneas a monitorear, reportar y verificar las mismas emisiones bajo dos sistemas distintos.
La industria también advierte sobre una duplicación de esfuerzos y mayores costos operativos, sin que necesariamente se traduzca en una reducción adicional de emisiones de CO2. Asimismo, existe preocupación por el riesgo de que la medida genere un precedente para que otras jurisdicciones adopten mecanismos similares, profundizando la fragmentación regulatoria de la aviación internacional. Finalmente, otro punto de debate es el uso de los recursos recaudados, debido a que no existiría una garantía de que estos sean reinvertidos directamente en proyectos destinados a la descarbonización del transporte aéreo.
