En medio de un proceso de modernización de 17 aeropuertos, la concesionaria Aeropuertos del Perú (AdP) junto con el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC) enfatizaron que los contratos de concesión deben evolucionar para aprovechar las ventajas de la gestión privada. Para el país, enfatizaron que se debe reducir la burocracia, dar autonomía y establecer una adecuada distribución de riesgos.
América Latina se encuentra a la vanguardia mundial en materia de participación privada en la gestión aeroportuaria. De acuerdo con ACI-LAC, el 81% de los pasajeros de la región transita por aeropuertos concesionados por lo que los contratos actualizados a la realidad del sistema son claves para atender el desarrollo de la infraestructura.
“Los contratos de concesión no pueden ser piezas estáticas. Deben evolucionar para capturar los beneficios de la gestión privada sin sacrificar el interés público”, escriben Evans Avendaño, gerente general de AdP, y el Dr. Rafael Echevarne, director ACI-LAC en el diario “El Comercio”.
ACI dispone de un compendio de buenas prácticas aeroportuarias basado en décadas de experiencia internacional en materia de concesiones. El documento busca entregar referencias para que los Gobiernos puedan diseñar contratos capaces de aprovechar las ventajas de la participación privada, sin perder de vista el interés público.
Uno de los principales desafíos está relacionado con el equilibrio entre control estatal y autonomía del concesionario. Para Avendaño y Echevarne, uno de los errores más frecuentes en el diseño contractual consiste en exigir que el concesionario privado adquiera bienes o ejecute determinadas obras siguiendo procedimientos propios de la contratación pública.
“Esta exigencia anula precisamente el principal valor que aporta el privado: su capacidad para actuar con eficiencia y flexibilidad. En lugar de ello, lo convierte en un administrador rígido, atrapado en una “maraña regulatoria ineficiente”, señalaron.
Perú enfrenta el desafío de reducir la burocracia
Para el Perú y otros países que tienen sus aeropuertos concesionados es un tema relevante. Según los autores, los proyectos asociados a las dos concesiones aeroportuarias regionales del país son considerados obras públicas, situación que puede ralentizar el desarrollo de infraestructura necesaria para mejorar la competitividad.
La aplicación de procedimientos públicos a empresas concesionarias puede generar mayores tiempos de ejecución y una estructura administrativa más compleja. En lugar de controlar cada decisión mediante procedimientos previamente establecidos, el Estado debería concentrar su fiscalización en los resultados que debe entregar el concesionario.
Entre ellos se encuentran el cumplimiento de estándares de seguridad operacional, calidad de servicio, continuidad de las operaciones y otros indicadores relevantes para los usuarios. De esta manera, el Estado mantiene su capacidad de supervisión, pero permite que el operador utilice herramientas propias de una gestión empresarial.
“Preservar la autonomía del concesionario para que despliegue plenamente sus capacidades constituye, probablemente, el principio más transversal de una buena concesión”, agregaron Avendaño y Echevarne.
Autonomía para el concesionario
La autonomía aparece como uno de los principios transversales para el adecuado funcionamiento de una concesión aeroportuaria. Según AdP y ACI-LAC, no debe estar limitada a adquisiciones, sino que debe extenderse a áreas de gestión comercial, administración del personal y la organización interna de la sociedad concesionaria.
“Cada autorización adicional exigida por el Estado incrementa los tiempos y los costos sin traducirse necesariamente en una mayor protección para los usuarios”, enfatizaron.
En un sector altamente dinámico como el aeroportuario, esta situación puede convertirse en una desventaja competitiva. La demanda cambia, aparecen nuevas rutas, las aerolíneas modifican sus estrategias y los pasajeros requieren nuevos servicios. Por ello, una concesión necesita contar con suficiente capacidad para adaptar su oferta de manera oportuna.
Avanzar en una nueva gobernanza
Otro de los elementos destacados por los expertos es la necesidad de que el Perú avance una nueva gobernanza para los aeropuertos. Producto de la alta burocracia que afecta al sector, es fundamental contar con una autoridad única para coordinar a todos los actores y tomar decisiones oportunas.
“Con frecuencia la responsabilidad se distribuye entre múltiples entidades que actúan con criterios, prioridades y tiempos distintos, e incluso con intereses divergentes. Esta fragmentación genera retrasos recurrentes, desgasta la relación con el concesionario y termina agravando las rigideces del propio diseño contractual”, enfatizaron.
Una estructura institucional más clara permitiría reducir estas dificultades y establecer responsabilidades concretas. Trabajar en la nueva gobernanza no implica reducirlas para la empresa concesionaria, sino de establecer un equilibrio adecuado entre el privado y el sector público.
Para los autores, mejorar las concesiones aeroportuarias no significa necesariamente endurecer las condiciones contractuales. Desde su perspectiva, el contrato bien diseño debe permitir que cada parte asuma los riesgos que está en mejores de gestionar.
Esto resulta particularmente importante en una industria la aeroportuaria. El sector recuerda que las concesiones de aeropuertos en el Perú las inversiones tienen horizontes de largo plazo y están expuestas a cambios en la demanda, condiciones económicas y evolución tecnológica.
Chile también enfrenta desafíos en la materia
Lo que ocurre en el Perú, no es propio de este país. Chile, país que a veces se considera como referente en concesiones de aeropuertos también tiene desafíos similares en la materia y que hasta la fecha no han sido atendidos por la autoridad, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En conversación con “El Aéreo”, Echevarne sostuvo que uno de los problemas que tienen los aeropuertos en Chile es la falta de flexibilidad para ajustar la infraestructura comercial y también los servicios a los usuarios. Como resultado, la calidad de los servicios puede verse comprometida.
“Es una situación muy rígida en cuanto a las concesiones. Los operadores y concesionarios no tienen la libertad que tendrían en otras jurisdicciones a la hora de innovar”, afirmó el director de ACI-LAC.
Para ACI-LAC, la rigidez contractual dificulta que las concesiones de los aeropuertos chilenos puedan responder oportunamente a cambios en el tráfico de pasajeros o a nuevas oportunidades comerciales dentro de los terminales. Por este motivo, lo que se ve en Chile son aeropuertos con una oferta anticuada y no las terminales modernas, innovadoras y atractivas que se ven en otras partes del mundo.
Pese a esto, según el organismo Chile están bien posicionados y con una muy buena evaluación. Sin embargo, podrían estar mucho mejor si tuviesen un marco regulatorio adecuado a los tiempos actuales.
