El Foro Latinoamericano de Turismo (FOLATUR), entidad que reúne a las principales asociaciones de agencias de viajes y tour operadores de la región, expresó su preocupación por las “reiteradas” insolvencias, quiebras y ceses intempestivos de operaciones de aerolíneas. La organización advirtió que casos recientes como el de Spirit dejan en evidencia una “falla estructural” en el sistema de comercialización del transporte aéreo internacional.
Según una declaración de FOLATUR, miles de pasajeros quedan sin el servicio contratado y sin mecanismos efectivos de protección cuando una aerolínea enfrenta problemas financieros y se declara en quiebra. La entidad sostiene que actualmente los consumidores pagan anticipadamente por los pasajes aéreos sin contar con garantías reales de cumplimiento ni con sistemas automáticos de devolución del dinero en caso de incumplimiento.
Desde el organismo señalan que el problema no es nuevo y que viene siendo advertido desde hace años. En sus declaraciones de Puebla (2016), Miami (2017) y Asunción (2018), FOLATUR solicitó a a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) la creación de mecanismos de protección financiera para los pasajeros, incluyendo fondos de garantía, seguros obligatorios o sistemas de retención de fondos.
La organización critica especialmente el funcionamiento del sistema de ventas (BSP), sistema administrado por IATA. Este sistema permite a las aerolíneas recibir de forma anticipada los pagos de los pasajes emitidos por agencias de viajes. Según FOLATUR, este esquema” favorece la liquidez” de las compañías aéreas, pero traslada los riesgos económicos a consumidores y agencias intermediarias.
“Esta asimetría genera un desequilibrio en la asignación de riesgos, favoreciendo la liquidez de las aerolíneas en desmedro de los consumidores y de las agencias de viajes”, dice el organismo.
Para el organismo, la ausencia de garantías y otros mecanismos deja en una situación de indefensa tanto a los consumidores como a las agencias. Por lo tanto, insiste que los Gobiernos y las autoridades que incorporen medidas de mitigación, aunque no abordó el impacto que tendrían en el transporte aéreo y los pasajeros.
Crisis globales aumentan riesgos para pasajeros y agencias
Para la organización, las nuevas amenazas a la seguridad y los ciclos económicos más recurrentes incrementan la vulnerabilidad del transporte aéreo y el riesgo de quiebra de las aerolíneas. La organización menciona factores como las crisis sanitarias, conflictos internacionales y disrupciones operacionales que pueden afectar las finanzas de las compañías aéreas.
Bajo este escenario, considera indispensable que los Estados adopten marcos regulatorios. La intención es brindar más protección al pasajero y una distribución más equilibrada de los riesgos.
“La protección efectiva de los pasajeros y el adecuado funcionamiento del mercado requieren una intervención regulatoria que fortalezca la confianza del consumidor y asegure condiciones justas para todos los actores”, enfatiza FOLATUR.
El organismo reiteró su disposición para colaborar con autoridades, aerolíneas y demás actores de la industria. La intención es encontrar soluciones adecuadas para todas las partes.
Un aumento de costos para los pasajeros para una medida incierta
Si bien la intención es buena, incorporar medidas como garantías para los pasajeros ante quiebras de las aerolíneas, no representa una buena práctica. Por el contrario, aparece como una propuesta sectorial que carga responsabilidades exclusivamente sobre un sector de la industria aérea.
Las aerolíneas conforman sólo una parte del sistema de transporte aéreo mundial. Si bien son empresas, su funcionamiento depende en gran medida de la coordinación de múltiples actores que hacen viable la operación. Por consiguiente, colocar medidas como fondos de garantías levanta múltiples cuestionamientos, especialmente, cuando en muchos casos son otros actores los que inciden en la operación.
El caso más evidente ocurrió en la crisis del COVID-19 -citado por FOLATUR- cuando los Gobiernos decidieron arbitrariamente cerrar las fronteras por tiempo indefinido. La situación generó una crisis sin precedentes en la industria aérea en la que las aerolíneas se vieron en la obligación de reembolsar miles de boletos afectando la liquidez de las empresas. La decisión de los vouchers fue para asegurar la continuidad de las compañías y preservar las fuentes de trabajo de millones de empleados en todo el mundo, que son el sustento de familias.
A nivel de industria, un punto que no aborda FOLATUR es el aumento de los costos que supondría para los pasajeros. Los viajeros ya pagan altas sumas de dinero por impuestos y tasas, montos a los que se sumaría un cargo adicional en caso de que existiesen las garantías ante quiebras de aerolíneas.
Además, el mecanismo que se propone no aborda como se administraría dicho fondo considerando la multinacionalidad de los pasajeros y las regulaciones. Una iniciativa de estas características podría generar más burocracia sin que el pasajero reciba una compensación (si procede) en el tiempo que corresponde.
Por otro lado, siempre está presente el uso correcto de los recursos. Ya la industria tiene altos impuestos que muchas veces se utilizan para llenar las arcas fiscales, pero no se ven reflejados en mejoramiento de la infraestructura o la calidad de los servicios a los usuarios.
Una medida para casos puntuales
Otro factor para considerar es que, si bien la quiebra de las aerolíneas es un riesgo que siempre está presente como en cualquier empresa, estas son reducidas. Si bien sus casos pueden generar impacto en las opiniones públicas y en los medios, son situaciones específicas. En las últimas décadas, la consolidación entre las aerolíneas ha creado compañías más fuertes que han sorteado importantes crisis.
Los casos recientes como los de Spirit en los Estados Unidos o Magnicharters en México son puntuales. En ambas situaciones se trataron de compañías que no consiguieron consolidarse donde pueden aparecer responsabilidades compartidas. Por ejemplo, Spirit estaba por fusionarse con JetBlue, pero una oposición judicial impulsada por el gobierno del Presidente Joe Biden bloqueó la integración condicionando el futuro de la empresa aérea.