El conflicto entre los Estados Unidos y México por supuestas violaciones al acuerdo de cielos abiertos amenaza con restringir los vuelos entre ambos países, especialmente, para las aerolíneas mexicanas. La disputa podría también poner en riesgo el acuerdo de negocio conjunto (JV) entre Aeroméxico y Delta.
El conflicto deriva de la reducción de operaciones por hora en el aeropuerto de Ciudad de México (MEX). Se trata de una decisión unilateral del gobierno de Andrés Manual López Obrador para potenciar el nuevo aeropuerto de la capital Felipe Ángeles (AIFA, como se lo conoce en México o NLU, por su código IATA). Además, se trasladan todas las operaciones de carga al nuevo, así como toda aerolínea nueva que llegue al país.
En septiembre 2022, se redujeron de 62 a 52 las operaciones de vuelo por hora. Posteriormente, las autoridades mexicanas aplicaron una nueva reducción hasta las 43 operaciones-hora. Recientemente, se realizó un aumento de capacidad a 44 operaciones de vuelo por hora. La reducción está justificada para reducir la saturación del aeropuerto de Ciudad de México (MEX).
La disputa viene de la administración de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. El Departamento de Transportes (DOT) de los Estados Unidos ha instado al Gobierno de México a terminar con estas prácticas que considera arbitrarias y anticompetitivas. La situación tiene entrampada el JV entre Allegiant y Viva, además de amenazar la alianza Aeroméxico-Delta.
Según el DOT, las restricciones impuestas por México no están claras. Señala que no se han producido cambios físicos en las terminales ni en pistas en el aeropuerto de Ciudad de México.
Nuevas directrices y la amenaza sobre el JV de Aeroméxico – Delta
El 19 de julio, el DOT promulgó tres nuevas órdenes contra las aerolíneas mexicanas. Las medidas podrían complicar la operación actual de vuelos entre los Estados Unidos y México.
La primera medida exige que las empresas de bandera de México deben proporcionar información detallada sobre sus operaciones actuales hacia los Estados Unidos. Una segunda decisión obliga a que las aerolíneas mexicanas deben obtener una autorización previa del DOT antes de operar vuelos chárter de pasaje o carga a los Estados Unidos. Finalmente, está una actualización de la orden del DOT de enero de 2024 que pide la disolución del JV entre Aeroméxico y Delta.
El JV de Aeroméxico y Delta nació en 2017, pero su autorización antimonopolios se venció en 2020. Desde entonces, la asociación opera con un permiso temporal bajo un escenario de incertidumbre que se agrava con las acciones del DOT.
Aeroméxico y Delta ya han iniciado gestiones ante el DOT para mantener su alianza. En caso contrario, las dos empresas dejarían de comercializar y operar vuelos en conjunto, compartir ingresos, además de coordinar distintos beneficios para los pasajeros.
Delta advierte que la medida causaría un daño a los consumidores. También amenaza con afectar 12 rutas lo que afectaría a empleos, comunidades y la competencia. La aerolínea dice que la suspensión del JV comprometería US$800 millones generado por los viajes, además de elevar los costos del transporte.
México responde a los Estados Unidos
Según la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SICT) de México, las acciones implementadas en el aeropuerto de Ciudad de México (MEX) están basadas en un Estudio de Capacidad de 2023. De acuerdo con las autoridades mexicanas han mejorado las operaciones con un 22% de reducción del tiempo de ocupación en pista, la disminución en los procesos de control migratorio y una reducción de 22 a 7 minutos en tiempo en fila en el filtro de seguridad. Además, señalan que se han invertido más de MXP8 millones en mejoras en infraestructura.
Agregan que el aeropuerto Felipe Ángeles ha sido clave en las mejoras al mover todas las operaciones de carga ese recinto. Además, ofrece una infraestructura moderna sin restricciones de slots como ocurre en el antiguo aeropuerto.
Finalmente, el Gobierno de México reafirmó su compromiso de seguir colaborando con aerolíneas, autoridades internacionales y organismos del sector. Se busca asegurar que estas medidas sigan beneficiando a los pasajeros y contribuyendo al desarrollo sostenible de la aviación nacional.
