Los distintos inconvenientes registrados por los usuarios en el aeropuerto de Santiago llegan a la Contraloría. En un hecho poco conocido en la historia reciente del país, solicita a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) un completo informe de los distintos problemas ocurridos a lo largo del año.
Sin duda que 2024 no ha sido positivo para el aeropuerto de Santiago, pese a que se registran ciertas mejoras en comparación a los años inmediatamente anteriores. Entre los puntos más críticos están las largas filas que se registran en migraciones con la lenta puesta en servicio de los kioscos de auto atención, problemas en los servicios de movilidad reducida, entre otros.
A estos, recientemente se agregan inconvenientes en los nuevos accesos a embarque de la terminal 1. Desde la apertura del espigón A y la habilitación del nuevo acceso se registran al menos tres episodios de problemas en los ingresos.
Hoy, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), reporta un tiempo en fila de 14 minutos en el filtro de seguridad (AVSEC). La autoridad aeronáutica atribuye la demora al alto flujo de pasajeros. Ante problemas similares presentados con anterioridad informa que trabajará con la Inspección Fiscal del MOP y la concesionaria Nuevo Pudahuel en la habilitación de un nuevo filtro de embarque.
Según estándares de la industria de aeropuertos, los tiempos de control en el filtro de seguridad no deben superar los 10 minutos.
Contraloría da reducido plazo para informar la situación en el aeropuerto
De acuerdo con lo indicado por la Contraloría General de la República, la Dirección General de Concesiones del MOP tiene 10 hábiles para dar cuenta en detalle sobre los problemas presentados en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.
En su oficio menciona explícitamente los inconvenientes con el ingreso de viajeros desde el exterior y la salida de pasajeros en vuelos nacionales. La Contraloría pide informar si los inconvenientes son de responsabilidad de los organismos de servicios públicos como Policía de Investigaciones (PDI) o directamente a la concesión del aeropuerto a cargo de Nuevo Pudahuel.
El actuar de la Contraloría reconoce que la coordinación entre los servicios públicos y la administración es fundamental en el funcionamiento de un aeropuerto. De ahí su oficio a las entidades públicas como la Dirección General de Concesiones (mandante de la concesión) y a Nuevo Pudahuel.
Situación en migraciones
Las largas filas en migraciones es un problema histórico del aeropuerto de Santiago y, por primera vez, llega a altas esferas como la Contraloría General de la República. Los excesivos tiempos de espera muestran una falta de coordinación efectivo entre el sector privado y el público.
La situación en migraciones está directamente asociada a la falta de dotación del personal de PDI en función al flujo de pasajeros. En periodos de alta afluencia, es común ver casetas vacías con funcionarios que se dedican a organizar filas en lugar de atender los controles. Mientras en otros aeropuertos del mundo el personal de la concesionaria se encarga de orientar a los viajeros, en Santiago esa labor prácticamente no existe.
A lo anterior, se agrega la lenta puesta de kioscos de auto atención en migraciones. Después de más de un año de estar instalados, recién se colocan en funcionamiento parcial a partir de abril de este año. Su utilización no es bien valorada por los pasajeros. Habitualmente, se suelen reportar problemas al ocupar las máquinas o que el trámite es más lento que la atención en la caseta.
Los problemas de migraciones y otras situaciones adversas en el aeropuerto traspasan las fronteras. En reiteradas oportunidades, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) critica la situación de la terminal aérea de Santiago señalando que no es un aeropuerto eficiente. Su vicepresidente para las Américas, Peter Cerdá, es el que levanta la voz a nombre de las líneas aéreas y los pasajeros.
Desde su perspectiva, las fallas del aeropuerto de Santiago en el procesamiento de pasajeros son un ejemplo negativo de Chile. También muestran las falencias que tienen los organismos públicos atender los problemas que son de su responsabilidad. Esto, mientras piden a la industria aérea mayores esfuerzos o cargan con costos.
Si bien PDI está a cargo del control de fronteras, la concesionaria Nuevo Pudahuel tiene una cuota de responsabilidad. La concesionaria debe efectuar las coordinaciones adecuadas informando al servicio público de la cantidad de vuelos/pasajeros para que disponga del personal necesario.
Antes de 2020, Nuevo Pudahuel logra mejorar este inconveniente tras un largo proceso en conjunto con el MOP. Desde ese año, hay un retroceso que hasta hoy no hay una solución de adecuada.