Tras alegar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un desequilibrio económico y un contrato inviable, la sociedad concesionaria del aeropuerto de Arica obtuvo sólo una compensación de apenas 19% respecto a lo solicitado. La resolución del Panel Técnico de Concesiones dejó una señal relevante y no exenta de riesgos para los inversionistas que evalúan el negocio aeroportuario en Chile.
En noviembre 2025, la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica S.A. (SCASSA) demandó una compensación al MOP por US$43 millones por el desequilibrio económico que el Estado de Chile causó a partir de marzo 2020. Esto, como resultado del impacto negativa generado por las estrictas y extensas restricciones de movilidad que afectaron los viajes aéreos en el periodo 2020-2022 y -con ello-, los ingresos de los aeropuertos por pasajero embarcado.
El caso de Arica, se sumó a las diferencias similares que el Estado de Chile generó a las concesiones del aeropuerto de Santiago (la más grande del país), Concepción y Puerto Montt. Todas alegaron desequilibrios económicos importantes que afectaron el negocio.
Si bien se trató de un hecho de fuerza mayor asociado a una causa sanitaria (COVID-19), el impacto podría haber sido menor. Cabe recordar que las autoridades de la administración del Presidente Sebastián Piñera insistieron en medidas drásticas y extensas, pese a todas las advertencias de su inefectividad e impactos adversos en la sociedad civil.
Resolución
El Panel Técnico de Concesiones reconoció que el impacto de las restricciones impuestas por el COVID-19 constituyó un hecho sobreviniente extraordinario que habilita la revisión contractual. Sin embargo, el alcance práctico fue acotado.
La compensación que se le autoriza alcanzó un máximo de UF179.060 o cerca de US$8 millones. Se trata de un 19% respecto a los US$43 millones pedidos por la sociedad concesionaria del aeropuerto de Arica controlada por AGUNSA y SACYR.
El punto central del fallo estuvo en la interpretación del impacto temporal de la pandemia. SCASSA sostuvo que el impacto de las restricciones colocadas se extendió desde 2020 hasta 2024 (aunque en la práctica se extendieron hasta 2022). El Panel Técnico del MOP indicó que sólo 2020 y 2021 son atribuibles a las medidas colocadas por el COVID-19, señalando que el deterioro posterior responde a riesgos propios del negocio.
La resolución no fue unánime. Cuatro de los cinco panelistas votaron a favor del Estado. En su opinión de minoría, el panelista y ex director general de Concesiones, Hugo Vera, planteó que el caso evidencia la necesidad de redefinir los mecanismos de compensación frente a riesgos excepcionales en futuros contratos. Propuso soluciones no indemnizatorias, como cuentas contables de compensación y esquemas excepcionales de compartición de ingresos futuros, bajo control del MOP.
Un sistema a favor del Estado
A pesar de que en teoría el sistema de concesiones chileno extiende la participación privada, en la práctica, se trata de un modelo conservador a favor del Estado. Además de la alta burocracia y rigidez existente, toda la estructura del sistema da poco margen para el privado que se transforma en simple ejecutor y administrador.
Si bien el sistema funcionó en su momento para impulsar el desarrollo de infraestructura, actualmente, da señales de cierto agotamiento. La rigidez del sistema entrega escaso espacio a la innovación y pocos incentivos para que la actividad privada pueda desarrollarse plenamente.
Hasta ahora, no hay voluntad política para cambiar el sistema. En la industria, se pone en duda la publicitada “alianza público-privada”. Fuentes cercanas al negocio aeroportuario en Chile reconocen que es más un eslogan que se diluye cuando existen conflictos.
El fallo y la escasa compensación que recibió el aeropuerto de Arica reafirma la lectura conservadora a favor del Estado. Prácticamente, ante hechos de fuerza mayor y decisiones que el propio Estado establece (como las restricciones político-sanitarias que se colocaron a partir de 2020) evita mecanismos que puedan asimilarse a garantías de ingresos o indemnizaciones directas. Lo anterior, se reafirma con los conflictos abiertos por el Estado con las concesiones de aeropuertos como Santiago, Concepción y Puerto Montt.
Chile ha destacado por años por su institucionalidad. Sólo periodo 2019 al 2023, marcado por un intento de insurrección política y dos fallidos procesos constitucionales, fueron la excepción. Sin embargo, hay un riesgo elevado ante factores disruptivos y las responsabilidades de cada una de las partes. En ese sentido, la recuperación del atractivo país para inversionistas parece necesitar de ajustes con reglas explícitas, soluciones de controversias más efectivas y un reconocimiento equitativo de responsabilidades entre las partes.
