Un daño cuantificado en US$43 millones es el impacto que la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Arica S.A. atribuye al Estado de Chile. Se trata de otros de los desequilibrios económicos que el país suma en el negocio aeroportuario tras las adversas y extensas restricciones a la movilidad colocadas bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera entre 2020 y 2022.
El daño económico que el aeropuerto de Arica alega al Estado de Chile se suma a las demandas que tiene el país por parte de Aeropuerto de Santiago (Nuevo Pudahuel) y las sociedades concesionarias de los aeropuertos de Concepción y Puerto Montt. Todas demandan al Estado una compensación por los daños causados por las medidas adoptadas las que tuvieron un gran impacto en la caída del tráfico de pasajeros y -por lo tanto- en los ingresos.
Según consigna Diario Financiero, el aeropuerto de Arica planteó daños en el contrato entre 2020 y 2034. La situación fue planteada al Ministerio de Obras Públicas (MOP), pero no ha recibido respuesta.
Impacto de las restricciones político-sanitarias
En 2020, el Gobierno de Chile impuso una de las restricciones más estrictas, extensas e inefectivas bajo justificación de prevención del COVID-19 que incluyeron drásticos cierres de fronteras. Sin embargo, ello no impidió la propagación del virus ni el ingreso de nuevas variantes.
Las medidas tuvieron un adverso impacto en la caída del tráfico de pasajeros en rutas domésticas e internacionales en Chile. El aeropuerto de Arica se vio seriamente afectado con drásticas reducciones de operaciones. En los periodos más estrictos la terminal aérea no incluso no recibió vuelos durante algunos días comprometiendo la conectividad de la ciudad.
Por las restricciones también se demoraron las obras de remodelación y ampliación. Esto, sumado a otros inconvenientes, afectaron la calidad de los servicios que se brindan a los usuarios. Además, el daño provocado por las decisiones del gobierno de la época también pudo comprometer a los servicios comerciales no aeronáuticos los que se vieron afectados por las medidas y las demoras en la ampliación.
La sociedad concesionaria dice que el contrato se ha vuelto económica inviable por lo que amenaza la continuidad del servicio. Los ingresos que se están recaudando mientras está vigente el contrato de concesión sólo financiarán el 85% de lo requerido para la construcción y la operación. Sin embargo, no permitirá recuperar la inversión.
Para compensar el escenario, el aeropuerto de Arica se ha acogido a una reestructuración financiera con nuevo contrato de financiamiento. Además, señala que se han dado aportes extraordinarios directos de los accionistas.
Lo que pide en compensación
El aeropuerto de Arica ha recurrido al Panel Técnico del MOP, instancia para resolver las controversias. Otras sociedades concesionarias de los aeropuertos de Santiago, Concepción y Puerto Montt han recurrido también a este mecanismo.
La sociedad concesionaria del aeropuerto de Arica pide una extensión del contrato de concesión. Se trata de la herramienta más inmediata y de “más simple de solución”.
En el caso del aeropuerto de Puerto Montt, en 2021 el Panel Técnico descartó el pago económico como compensación porque la estimación del valor solicitado (alrededor US$20 millones) es difícil de estimar. Recomendó al MOP reconocer al menos el 50% de los menores ingresos del contrato, lo que implica revisar la concesión para compartir los efectos económicos de la pandemia hasta su término.
La recomendación del Panel Técnico no es vinculante. Ante eso, la Dirección General de Concesiones del MOP expresó no compartir los fundamentos ni la propuesta realizada por la instancia de resolución de controversias.
En el aeropuerto de Concepción, la concesionaria que administra Carriel Sur solicitó al MOP una compensación por US$10 millones o la extensión del periodo de concesión. La justificación de la medida es recuperar en parte los daños provocados por la autoridad al imponer estrictas restricciones.