La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el Proyecto de Ley N.º 5.041/2025, que prohíbe a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano y facturado. Además, restringirá otras prácticas comerciales comunes en la aviación internacional. La iniciativa, que ahora deberá ser revisada por el Senado Federal, ha generado una fuerte reacción en la industria aérea.
Las organizaciones como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) advirtieron efectos negativos en el país. De aprobarse en el Senado, se advierte un alza de las tarifas lo que comprometa la accesibilidad de las personas al viaje en avión, la conectividad y la competitividad.
Según ambas organizaciones, el proyecto de gratuidad de equipaje en Brasil impone restricciones severas sobre precios y operaciones, afectando tanto los vuelos nacionales como internacionales. Además, podría violar acuerdos bilaterales de servicios aéreos que garantizan la libertad tarifaria.
“Este proyecto de ley representa un retroceso para Brasil en un momento en que la aviación debería estar impulsando el crecimiento económico y la integración regional. Al reintroducir normas anticuadas sobre equipaje y asientos, la propuesta corre el riesgo de disminuir la competencia, limitar el acceso a tarifas accesibles y perjudicar a los consumidores que busca proteger”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente Regional para las Américas de IATA y CEO de ALTA.
El texto aprobado por la Cámara de Brasil obliga a las aerolíneas a incluir una pieza de equipaje facturado gratuita de hasta 23 Kilogramos (Kg.) y equipaje de mano de hasta 12 Kg. Prohíbe cobros por selección de asientos, la cancelación automática del vuelo de regreso si el pasajero pierde el de ida, y exige hasta dos asientos gratuitos adicionales para pasajeros que necesiten asistencia especial.
Para IATA y ALTA, estas disposiciones “introducen incertidumbre regulatoria, aumentan los costos operativos y reducirán las frecuencias de vuelo y rutas”. Además, afectarán especialmente a las aerolíneas regionales y a las políticas de estímulo a la demanda que han democratizado el acceso al transporte aéreo en Brasil.
La reacción de algunas aerolíneas
Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, calificó la medida como un acto de “populismo regulatorio disfrazado de protección al consumidor”. En su publicación en LinkedIn subrayó que el transporte aéreo brasileño es un caso de éxito en eficiencia y accesibilidad, incluso frente a una infraestructura deficiente y una elevada carga impositiva.
Miranda explicó que, en las últimas dos décadas, el precio promedio de los boletos aéreos se ha reducido en un 54%, lo que ha ampliado significativamente el acceso al vuelo. Para el ejecutivo, la medida aprobada encarece el transporte, genera distorsiones y reduce la eficiencia.
“El Congreso está prohibiendo prácticas que justamente han democratizado el acceso al vuelo”, sostuvo.
El ejecutivo agregó que mientras el Congreso debate sobre el equipaje, el país mantiene una inversión en infraestructura menor al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit de US$800 mil millones en transporte y logística. Además, recordó que el 98,5% de los litigios aeronáuticos del mundo se concentran en Brasil, con costos adicionales de más de US$200 millones anuales.
“La aviación brasileña demuestra que la eficiencia y la democratización son posibles incluso en un entorno adverso. El problema no está en el aire, sino en tierra, donde el populismo reemplaza a la gestión y la política busca aplausos en lugar de progreso”, concluyó.
En la misma línea, Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART, expresó su preocupación por la medida. En su cuenta de LinkedIn, advirtió sobre el impacto que esta ley podría tener en la competitividad del sector.
Ortiz señaló que Brasil aún está a tiempo de optar por políticas que promuevan la eficiencia y la libertad tarifaria. También recalcó el derecho que tienen los pasajeros a decidir cómo y a qué precio volar.
“No retrocedamos en el derecho a volar, en la competencia ni en la conectividad que tanto ha costado construir”, sentenció el ejecutivo, solidarizándose con las advertencias de ALTA e IATA.
Impacto regional y llamado al diálogo
El proyecto también podría afectar a América Latina, ya que Brasil es el mayor mercado de aviación de la región. Las nuevas restricciones introducen complejidad adicional para las aerolíneas que operan vuelos internacionales, reduciendo la atracción del país.
“Este proyecto envía un mensaje equivocado a los inversores y socios internacionales. América Latina necesita estabilidad regulatoria y competitividad para crecer, y medidas como esta solo aumentan los costos y desalientan la conectividad”, señaló Cerdá.
Ambas asociaciones instaron al Senado Federal a reconsiderar la propuesta y promover un diálogo abierto con la industria aérea. En un comunicado, tanto ALTA como IATA enfatizaron que lo realmente beneficia a los pasajeros es una conectividad asequible, segura y sostenible. Una legislación restrictiva que eleva los costos perjudicará a todos: pasajeros, comunidades y economía.
Un pilar económico en riesgo
El transporte aéreo es un motor clave de la economía brasileña. En 2023 generó más de 1,9 millones de empleos y contribuyó con US$46,4 mil millones de dólares al PIB nacional. En 2025, el tráfico aéreo en Brasil creció 9,2% en rutas nacionales y 17,7 % en internacionales.
ALTA e IATA dicen que las medidas como la Ley 5.041/2025 podrían revertir esa tendencia. Desde ya anticipan un encareciendo de los boletos con la eliminación de las tarifas básicas. Además, es un desincentivo a la inversión en un país que ya enfrenta altos niveles de litigios en el sector.
En el Foro de Líderes de ALTA celebrado reciente en Lima, Celso Ferrer, CEO de GOL, se refirió a la alta judicialización que tiene Brasil con largos procesos que generan costos para las aerolíneas y los pasajeros. Durante su presentación en uno de los paneles ejemplificó la realidad brasilera como que cada día uno se despierta con qué nuevos casos existirá en el país.