Las aerolíneas que operan en Ciudad de Panamá se encuentran desconcertadas ante el proyecto de Ley que pretende establecer una tasa a los pasajeros que hacen conexión. La iniciativa amenaza con comprometer el desarrollo del centro de conexiones en el aeropuerto de Tocumen, que en los 20 años ha posicionado al país como referente en conectividad en las Américas.
La Asociación de Líneas Aéreas en Panamá (ALAP), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señalan que se afectaría la competencia de Ciudad de Panamá ante el auge de otros centros de conexión en la región. Además, pondría en riesgo los esfuerzos para promover el turismo del país a través del valor que tiene el transporte de pasajeros por avión.
Recientemente, Copa Airlines celebró las cifras que consolidan el programa Panamá Stopover. Una instancia con la que invitan a los pasajeros en conexión a conocer Panamá mediante distintas acciones comerciales.
Sólo entre enero y junio, casi 95.000 pasajeros aprovecharon la iniciativa, lo que representa un incremento del 18% frente al mismo período del año anterior. Desde 2019, el programa ha traído al país más de 640.000 turistas. Sólo en 2024, más de 160.000 viajeros aprovecharon la conexión para conocer Panamá, un aumento del 25% en comparación con 2023.
“Panamá ha consolidado un centro de conexiones aéreas eficiente y competitivo para atraer el turismo, las sedes regionales de empresas multinacionales, y para fortalecer la plataforma logística y comercial del país”, dicen la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Latinoamericana y el Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).
Con este proyecto, Panamá pierde competitividad
En Ciudad de Panamá, alrededor del 70% del tráfico de la terminal aérea corresponde a pasajeros en conexión. Las aerolíneas a través de sus distintos organismos que las representan dicen que imponer una tasa —independientemente del monto— afectaría gravemente la competitividad de Panamá.
La capital de panameña está enfrentando el auge de otros centros de conexiones como Bogotá (Avianca, LATAM), Ciudad de México (MEX) (Aeroméxico), San Salvador (Avianca) y Santo Domingo (Arajet). Estos hubs no cobran a los pasajeros en tránsito por lo que ganan ventaja para los pasajeros ya que los tiquetes son más baratos.
La medida propuesta también impactará significativamente el interés de las líneas aéreas internacionales de operar en Panamá, resultando en una disminución de los pasajeros que hoy escogen conectar vía su capital. Varias aerolíneas internacionales como Air France, KLM, Condor o Turkish Airlines se apoyan en el tráfico de conexión con Copa Airlines para potenciar sus vuelos a Panamá.
La medida no sólo afectaría en forma directa los ingresos del aeropuerto de Tocumen, sino que también reducirá la importante contribución económica generada por el transporte aéreo al país. Según datos de la industria, la aviación genera en Panamá 194.000 empleos directos e indirectos y US$6.800 millones al Producto Interno Bruto (PIB).
“La industria reitera su compromiso con el desarrollo sustentable y sostenible de Panamá y solicita a las autoridades reconsiderar esta propuesta. La conectividad aérea no es solo una ventaja competitiva, sino que es pieza fundamentar del modelo de desarrollo de Panamá. Ponerla en riesgo con costos adicionales significaría debilitar uno de los motores más importantes de su economía”, dicen los organismos de aviación.
¿Qué persigue esta propuesta de Ley?
El diputado suplente de Bocas del Toro, Benicio Robinson González, presentó un anteproyecto de Ley que establece una tasa de US$10 a los pasajeros en conexión en Panamá. Su iniciativa considera a todos los aeropuertos del país centroamericano.
Su objetivo es recaudar a través de estos ingresos US$190 millones por año. El 30% de estos ingresos se destinaría a modernización y mantenimiento de las terminales aéreas y el 70% a hospitales.
Según el parlamentario suplente más del 60% de los 19 millones de pasajeros que transitan por Tocumen y otras terminales son viajeros internacionales en tránsito no hacen una contribución directa. Defendió su iniciativa como “un acto de justicia tributaria y de visión estratégica”.