Después de cinco años de diferencias generadas tras el desequilibrio económico provocado por las adversas restricciones impuestas por el Gobierno de Chile en marzo 2020, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria Aeropuerto Santiago (ex Nuevo Pudahuel) acordaron extender la concesión. La solución se agrega a otros acuerdos o instancias que el Estado de Chile alcanza con aeropuertos como Arica y Puerto Montt para intentar reparar y/o compensar los daños provocados por la caída de ingresos derivados de la imposición de severas medidas político-sanitarias por tres años.
Después de una relación relativamente armoniosa, Aeropuerto Santiago y el MOP tuvieron el conflicto más significativo desde 2020. La falta de ingresos por pasajeros embarcados comprometió el pago de las deudas de la concesionaria con los bancos que financiaron la construcción de la nueva terminal 2. La situación obligó también a priorizar urgencias afectando también la calidad de los servicios a los usuarios, especialmente, en aspectos críticos como la limpieza.
Tras pasar las diferencias por el Panel Técnico de Concesiones, una comisión arbitral y la Corte de Apelaciones, las partes logran un acuerdo. La comisión arbitral acogió los argumentos de Aeropuerto de Santiago de que la crisis del COVID-19 fue un hecho sobreviniente y que las medidas impuestas por el Estado alteraron de forma sustancias y permanente el equilibrio económico del contrato que derivaron en pérdidas de alrededor US$323 millones. Como resultado forzó al MOP a negociar.
La petición de extender la concesión
Desde la imposición de las restricciones, la extensión del contrato de concesión fue defendido por Aeropuerto Santiago. En su momento, se defendió esta posición porque es una medida que evitaría recurrir a ayudas económicas directas al Estado. Cabe recordar que Chile fue uno de los países con restricciones más severas e inefectivas (en cuanto a ingreso de variantes COVID-19, razón de la justificación de las medidas) en el mundo, cuyo Gobierno no ayudó a compesar su impacto a la industria del transporte aéreo.
La extensión del contrato de concesión es una fórmula de mercado que mantiene el normal funcionamiento de la operación del aeropuerto. Favorece a la empresa y al Estado, ya que permite mantener las obligaciones con el Estado. Junto con beneficiarlo permite mantener toda la cadena asociada al funcionamiento del aeropuerto y de las obligaciones contempladas en la licitación. Todo contribuye a proteger empleos directos e indirectos derivados de la actividad aérea.
La concesionaria apeló al Estado porque es este que tiene la responsabilidad como garante de las inversiones por la Ley de Concesiones. En el capítulo VII artículo 28 ter. de dicha Ley se establece que el concesionario tiene derecho a una indemnización equivalente al valor de las inversiones realizadas, excluyendo gastos financieros y llevadas a un valor futuro. A esto se agrega un porcentaje del valor presente de los beneficios netos esperados del negocio concesionado.
Concesión hasta 2038 y más oportunidades
Según publica Diario Financiero, el acuerdo entre el MOP y el Aeropuerto Santiago consideran dos puntos claves. Uno es la extensión de concesión como solución principal de la controversia. El otro es una disminución del porcentaje de repartición de ingresos para el Estado y aumentándolo para la concesionaria.
Hasta ahora, Aeropuerto Santiago (Nuevo Pudahuel) se quedaría a cargo de la principal terminal aérea de Chile hasta 2035. Con el acuerdo, la concesión se extenderá hasta fines de 2038. Para ese entonces, el MOP avanzaría en una nueva licitación que se basará en anteproyecto que se está trabajando y por el cual compiten cinco empresas.
La segunda medida es económica. El MOP disminuirá el porcentaje de los 77,56% para favorecer a la concesionaria. El aumento de recursos para la empresa participada por Groupe ADP y Vinci Airports tendrá más holgura de su inversión que podría favorecer para mejorar la calidad de los servicios en las terminales aéreas.
Como resultado del acuerdo, la demanda de los accionistas de Aeropuerto de Santiago ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) ya no tendría motivo. Por consiguiente, el Estado de Chile evitaría esta instancia beneficiando la recomposición de las relaciones.
Groupe ADP y Vinci Airports demandaron a Chile por la falta de acuerdo ante las restricciones impuestas a partir de marzo 2020. Para ello, apelaron al Convenio entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de Francia sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Para los socios de Aeropuerto Santiago, la falta de apertura del MOP en su momento para iniciar un diálogo en lo que respecta extensión del contrato de concesión y solucionar el desequilibrio económico ocasionado por la pandemia no fue una adecuada protección de las inversiones.
