En un intento por frenar el término del acuerdo de negocio conjunto (JV), Aeroméxico y Delta han iniciado una batalla legal contra el Gobierno de los Estados Unidos. En septiembre, una orden del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) las obliga a disolver su alianza estratégica antes del 1 de enero de 2026.
La medida, según las autoridades estadounidenses, responde a “efectos anticompetitivos persistentes” en el mercado aéreo entre Estados Unidos y México, particularmente en las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México (MEX). Para ambas compañías, el fin de JV pone en riesgo la operación de al menos 12 rutas entre los dos países.
El pasado jueves, ambas aerolíneas presentaron una impugnación ante el Tribunal de Apelaciones con sede en Atlanta, solicitando la revisión judicial de la decisión del DOT, emitida el 15 de septiembre. La petición se hizo pública el viernes y representa el más reciente capítulo en una relación binacional marcada por la cooperación, pero también por crecientes tensiones regulatorias.
Un acuerdo clave
El JV entre Delta y Aeroméxico fue aprobada en 2017, permitiendo a ambas compañías coordinar decisiones sobre programación, precios y capacidad en vuelos entre Estados Unidos y México. Gracias a este acuerdo, las aerolíneas llegaron a representar alrededor del 60% de los vuelos de pasajeros entre el aeropuerto capitalino mexicano y destinos estadounidenses. Desde 2020, el JV funciona con un permiso temporal.
Delta sostiene que la orden de disolver el JV “impondrá una carga operativa y financiera significativa” para ambas empresas. Agrega que apelación “es la única opción en este momento y el siguiente paso procesal necesario para proteger los intereses comerciales, las redes y a los clientes”.
Ambas compañías planean solicitar una suspensión temporal de la orden mientras el Tribunal revisa el caso. De no prosperar su petición, el impacto podría sentirse en la red de rutas, la capacidad ofrecida y la conectividad entre ambos países.
Argumentos
El DOT justificó su decisión argumentando que la alianza conjunta otorga una “ventaja injusta” a Aeroméxico y Delta frente a otros competidores en el mercado aéreo bilateral. Según el organismo, el JV ha generado efectos anticompetitivos en las rutas más rentables, afectando la libre competencia.
El Departamento de Justicia (DOJ) respaldó la medida, afirmando en agosto que existe “una especie de trato desigual” hacia las aerolíneas extranjeras. Además, expresó que hay “preocupaciones fundamentales” sobre el compromiso del Gobierno de México con los derechos históricos de tráfico aéreo.
No obstante, el DOT aclaró que su orden no exige a Delta desprenderse de su participación del 20% en Aeroméxico. También dejó abierta la posibilidad de que ambas compañías vuelvan a solicitar la inmunidad antimonopolio en el futuro, siempre y cuando las condiciones regulatorias cambien.
Posibles impactos y consecuencias
De acuerdo con datos de las aerolíneas, la alianza genera más de 4.000 empleos en Estados Unidos y contribuye con más de US$310 millones dal producto interno bruto (PIB) estadounidense. Además, Delta estima que la disolución del JV podría eliminar hasta US$800 millones en beneficios anuales para los consumidores, reducir la oferta en una docena de rutas y obligar al uso de aviones más pequeños en reemplazo de los actuales.
Aeroméxico y Delta advierten que podrían verse afectadas más de 1,8 millones de plazas que hoy comercializan conjuntamente. En consecuencia, la red entre los Estados Unidos y México enfrentaría una contracción.
La decisión del DOT se enmarca en un contexto más amplio de escrutinio hacia la aviación mexicana. En los últimos años, el país ha enfrentado restricciones regulatorias y observaciones sobre su seguridad aérea, lo que ha influido en la evaluación de acuerdos bilaterales.
