Pese a que la Comisión Europea frena las pretensiones del Gobierno de los Países para limitar los vuelos en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, las aerolíneas interponen un recurso sumario. La intención es evitar interpretaciones a los puntos establecidos por la Comisión.
La acción judicial está interpuesta por varias aerolíneas que operan en Ámsterdam como KLM, Delta, Martinair, Transavia, TUI, entre otras. También cuenta con el apoyo de organizaciones como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y Airlines For Europe (A4E),
El Gobierno de los Países Bajos persiste con su enfoque de reducir los vuelos en el aeropuerto de Ámsterdam, afectando los planes de expansión de las aerolíneas. La intención es poner un límite controvertido de 478.000 vuelos anuales bajo la justificación del ruido en respuesta a la queja de un grupo de vecinos en los alrededores de Schiphol.
El nuevo recurso es un nuevo capítulo en la extensa batalla legal que viene desde 2022. Tras la decisión de la Comisión Europea en marzo, el Gobierno de los Países Bajos trabaja en un Decreto de Tráfico Aeroportuario para establecer el límite anual de vuelos en 478.000 y 27.000 vuelos para las horas nocturnas. El ministro de Aguas e Infraestructura, Marc Harbers, es el principal impulsor de la medida de restringir vuelos, aunque también le recaen las responsabilidades por el incorrecto actuar el gobierno y que lleva a la oposición tanto de la industria aérea como de la Comisión Europea.
Normativa europea y error político
Según la normativa europea, el Estado sólo puede reducir el número de movimientos de aeronaves en un aeropuerto después de pasar por un proceso cuidadoso. Primero, las autoridades deben identificar todas las medidas posibles para reducir la contaminación acústica. En segundo lugar, consultar a todas las partes interesadas. Una vez finalizada, recién puede proceder con la siguiente fase para reducir el número de operaciones. Sin embargo, las autoridades sólo pueden aplicar medidas cuando todas las partes están de acuerdo en que las opciones son insuficientes.
En 2022, presiones de un grupo de residentes en los alrededores del aeropuerto de Schiphol que se quejan por el ruido de las operaciones aéreas. El ministro de Agua e Infraestructura responde con un plan experimental para reducir los vuelos de las aerolíneas en Ámsterdam. De esta manera, pretende reducir en un 20% el número de personas expuestas al ruido. Sin embargo, en junio de ese año, el propio ministro Harbers reconoce ante la Cámara de Representantes en La Haya que, pese a las quejas del ruido, no ha investigado del tema y menos ha establecido un criterio objetivo.
La intención de las autoridades políticas pretendía reducir el límite de 500.000 a 440.000 vuelos por año a partir de noviembre 2023. Sin embargo, los triunfos judiciales obligan a las autoridades a cambiar la propuesta, pero en el gobierno siguen con la idea de reducir el número de vuelos.
Respuesta de la Comisión Europea
En marzo 2025, la Comisión Europea detecta deficiencias en la aplicación del llamado Enfoque Equilibrado la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es decir, en evaluar todas las opciones y alternativas posibles para mitigar el ruido antes de imponer restricciones operativas. Las autoridades comunitarias señalan que el plan del gobierno de los Países Bajos trata de manera diferenciada a la aviación comercial y la aviación corporativa.
Uno de los puntos centrales del informe de la Comisión es que, si bien la aviación general y ejecutiva representa el 2,5 % del ruido en Schiphol, no tiene ninguna medida específica sobre esta categoría. Se estima que una reducción del 1% en el impacto acústico equivale a aproximadamente 5.000 movimientos aéreos en el aeropuerto. No obstante, las aerolíneas son las únicas afectadas por la pérdida de slots en Ámsterdam, lo que afectará en la conectividad del país y de otros países en el mundo.
Además, Bruselas advierte que los Países Bajos no consideran otras opciones disponibles para mitigar el ruido en su origen, como la modernización de la flota o la implementación de procedimientos operacionales que reduzcan el impacto sonoro en aterrizajes y despegues. La falta de pruebas sólidas que justifiquen la exclusión de estas medidas también ha sido motivo de señalamientos.
Pese a los cuestionamientos comunitarios, las autoridades de los Países Bajos persisten con su plan político. Aseguran que se han ajustado “en gran medida” a la normativa y han abordado las preocupaciones indicadas en marzo. Para las aerolíneas y los gremios que las representan, la acción judicial que se coloca busca evitar restricciones de vuelos en Ámsterdam por medio de las interpretaciones que se puedan hacer del fallo.
