Por Ricardo J. Delpiano
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| Foto: Ricardo J. Delpiano |
El paro de cuatro días de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC) dejó a más de 75 mil pasajeros afectados y pérdidas millonarias aún no estimadas para la industria aérea y la economía nacional. Pero más allá de esas consecuencias, la movilización dejó entrever falencias significativas en la capacidad de las instituciones y autoridades del Estado para atender y minimizar el impacto del conflicto.
Falta de información oficial, una capacidad de reacción tardía y cuestionamientos al actuar, fueron las principales críticas en lo que respecta al manejo de la crisis, que por segunda vez en el año afectó a la aviación chilena.
Prácticamente, el paro convocado por la ANFDGAC fue dado a conocer a la opinión general el domingo 13, cuando a través de un medio de prensa, la entidad de gremial informaba su decisión. Desde aquel momento, los usuarios que posiblemente se verían afectados se volcaron hacia las compañías aéreas para solicitar información y posibles acciones ante la contingencia. Ante la gran cantidad de consultas, las aerolíneas respondieron con planes de contingencias preventivos para proteger a los clientes y reducir el impacto que se produciría.
La falta de información oficial –como fue reconocida en su oportunidad- hizo que la o las respuestas de las aerolíneas fuesen voluntarias según las capacidades de cada una. La decisión mas determinante fue la adoptada por LATAM Airlines, compañía que cerró la venta de pasajes en Chile y desde/hacia el país para los días de paro inicialmente convocados.
La necesidad de contar con información relevante es necesaria para el correcto funcionamiento de cualquier actividad, especialmente en la aviación, industria en la que intervienen un gran número de factores y actores. Sin datos, se abre un escenario de incertidumbre dificultando la programación de los vuelos, ampliando la posibilidad de errores y tomas de decisiones poco adecuadas, además de una limitación en la capacidad de (pro) reacción.
Desde el Ministerio de Obras Públicas, organismo del Gobierno de Chile encargado de manejar la situación por ser un conflicto al interior de su cartera, no se conocieron mayores acciones públicas que entregaran claridad al sistema. Sólo el día anterior al paro se conoció la decisión de dotar con personal militar de reemplazo en aquellas posiciones aeronáuticas que iban a ser afectadas. De haberse conocido acciones, los operadores no hubieran acusado desinformación e incertidumbre ante el conflicto.
Probablemente, el Gobierno de Chile apostaba por una resolución del conflicto a último minuto, ya sea por el llamado al diálogo o por un quiebre del movimiento, especialmente cuando los controladores de tránsito aéreo decidieron no sumarse a la acción de fuerza. Sin embargo, en esta ocasión se subestimó la ausencia de los funcionarios competentes en otros puestos del sistema aeronáutico, esenciales para garantizar la seguridad todas las operaciones aéreas.
La capacidad reacción desde el Ejecutivo también quedó cuestionada. Primero por ser este paro un conflicto anunciado desde septiembre, cuando tras el fin del paro del día 15 de ese mes, la ANFDGAC se declaró en un estado de movilización permanente. Tiempo suficiente para preparar equipos y adoptar medidas mitigadoras. En todo momento del conflicto, el actuar fue reactivo en lugar de ser proactivo, hecho que volvió a quedar en evidencia cuando con la extensión del paro comprometió la conectividad de zonas más extremas del país.
El punto más cuestionado fue sin dudas la decisión de emplear personal militar no especializado en funciones aeronáuticas y su competencia. “La tranquilidad de las personas que van a salir de Chile o viajar dentro del país está asegurada”, decía el ministro Gómez y sus subordinados, al declarar que en todo momento la normalidad del funcionamiento de los aeropuertos estaba garantizada. Desde la otra vereda, los el personal aeronáutico movilizados denunciaba a través de medios de prensa y redes sociales la violación de los protocolos de seguridad, falta de control en áreas claves de los aeropuertos y la ausencia de servicios aeronáuticos indispensables.
Esta situación fue reafirmada por las compañías aéreas, luego de que varios aviones se vieran imposibilitados de llegar a destino por la falta de seguridad en los aeropuertos. dejando más que en evidencia que la situación estaba lejos de lo normal. “Según se constató en terreno, los aeropuertos involucrados no contaban con personal del Servicio de Salvamento de Extinción de Incendios (SSEI), entre otras falencias de seguridad”, señaló en forma determinante Sky al término del primer día de paro, acusando que “la movilización de los funcionarios de la DGAC no solo causó cancelaciones, también retrasos en la llegada y salida de los aviones, ya que el personal de los aeropuertos de todo Chile no estaba operando al cien por ciento, particularmente en las zonas de seguridad”.
La información cruzada entre las autoridad y las declaraciones de los funcionarios aeronáuticos hizo que la seguridad de las operaciones aérea en el país y la confianza hacia las instituciones se vieran deterioradas, especialmente hacia aquellas que pocas veces se han visto cuestionadas en su actuar. Las falencias evidenciadas hizo que el Ejecutivo expusiera al cuestionamiento público y en forma totalmente innecesaria, a la Fuerza Aérea de Chile y a la propia Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC). Incluso el propio Ministerio de Defensa vio dañada su credibilidad.
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| Foto: Ricardo J. Delpiano |
Chile es un país ajeno a los conflictos aeronáuticos, que se destaca por la excelencia de sus servicios y por la seguridad de sus operaciones aéreas, hechos reconocidos tanto en el país como por la comunidad internacional y la propia industria aérea. Nunca antes en la historia reciente del país, la seguridad de los vuelos y el actuar de las instituciones competentes habían sido puesta en tela de juicio, por lo que el escenario incierto vivido y la desconfianza instaurada genera un deterioro para la imagen del país.
Frente a los hechos, urge la necesidad de adoptar cambios a corto, mediano y largo plazo para evitar en la medida de lo posible cualquier situación similar en el futuro y por sobre todo, recuperar la confianza en los organismos públicos.
La tarea más inmediata es atender adecuadamente las demandas históricas, buscar acuerdos y mecanismos de solución, al mismo tiempo que se revisan y actualizan planes de contingencia. Para más adelante, resulta determinante mejorar la capacidad de inteligencia que permita anticipar y mitigar futuros conflictos, así como la voluntad de compartir información tanto con los actores involucrados como con la sociedad civil.
Por ejemplo, si el artículo 27 de la Ley Nº 16.752 de 1968 establece la posibilidad de la destinación del personal FACh a la DGAC, es adecuado que parte de personal militar y ante un conflicto evidente como el ocurrido en los pasados días, recibiese instrucción adecuada para manejar equipos y procedimientos en los aeropuertos, evitando las situaciones denunciadas como la de funcionarios militares que no supieran operar máquinas de revisión de equipajes.
Asimismo, urge al país un revisión del rol de las autoridades en materias de la aviación. La DGAC es la única Autoridad Aérea del país y como tal, su acción no puede verse coartado ni subordinado. Hoy, la DGAC depende de la FACh y ambas están subordinadas al poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, lo que limita su capacidad de acción y la condiciona en caso de que otras instituciones no actúen o exista una ausencia en la toma de decisiones.
La aviación es una industria fundamental para el desarrollo moderno de los países. Su actividad constituye un verdadero catalizador de la economía con una cadena de beneficios para toda la sociedad. En su funcionamiento, intervienen un sin número de actores públicos y privados que deben funcionar coordinadamente para ejercer el rol que está llamada a representar. Como un verdadero engranaje, cualquier falencia o error genera barreras para el normal desempeño de la actividad y condiciona cualquier beneficio que pueda emanar de esta.